Los problemas actuales de escasez de agua no se deben sólo a la falta de agua
Un artículo de Kelly Acuña and Rebecca Sands, Water Integrity Network - Programme Leads.
La Zona Metropolitana del Valle de México, donde viven casi 23 millones de personas, está sumida en una grave crisis del agua. El 84% del territorio nacional sufre actualmente algún grado de sequía, y el 100% de la Ciudad de México experimenta una sequía severa a partir del 15 de mayo de 2024. La prolongada sequía y temperaturas sin precedentes hacen temer un inminente "Día Cero".
El impacto del cambio climático en la prestación de servicios de agua y saneamiento es tremendo y no puede subestimarse. Sin embargo, la falta de agua no es la única culpable de la crisis del agua en Ciudad de México. Las denuncias de mala gestión y las advertencias de residentes y funcionarios que han sido desatendidas durante casi una década nos obligan a examinar hasta qué punto la debilidad en la integridad contribuye a la grave situación en la que se encuentran muchas personas.
Mala gestión y controles deficientes: agravantes de la presión sobre unos recursos ya limitados
La abundancia histórica de lluvias en la Ciudad de México proporcionó en su día abundante agua a sus habitantes, pero la urbanización ha transformado su paisaje en hormigón y acero. El crecimiento descontrolado y el agotamiento de las zonas verdes necesarias para reponer los acuíferos están agravando la escasez de agua. Una de las principales razones es la expansión de los "carteles inmobiliarios", muchos de los cuales obtienen permisos de construcción del gobierno de la ciudad de forma indiscriminada o ilícita, dejando tras de sí daños sociales y medioambientales
El abastecimiento de agua en Ciudad de México ha requerido soluciones de ingeniería complejas y costosas. La ciudad depende en gran medida de acuíferos a cientos de metros bajo tierra o de agua procedente de más de 100 kilómetros de distancia a través del sistema Cutzamala.
La extracción excesiva de agua subterránea está provocando el hundimiento de la ciudad y el planteamiento de Ciudad de México se ha vuelto insostenible, ineficaz y económicamente oneroso. Los problemas se agravan por las prácticas de extracción no reguladas; incluso en los casos en que las entidades cuentan con los permisos para perforar nuevos pozos, el control de las extracciones es escaso o nulo, lo que a menudo da lugar a que los usuarios del agua superen los límites de extracción.
Además, la mala gestión de los recursos hídricos y el mantenimiento inadecuado de la infraestructura del agua están provocando pérdidas de agua del 40%, atribuible tanto al deterioro de las tuberías, como a las conexiones ilegales. La corrupción tiene una intrincada relación con el agua no contabilizada, ya que dificulta la supervisión, debilita la capacidad institucional para abordar el problema, contribuye a la mala calidad de la infraestructura y desvía fondos necesarios para el mantenimiento, las mejoras y el monitoreo.
Desigualdad de acceso, robo de agua y apropiación indebida
Cuando tantos habitantes de la ciudad ya se enfrentan a importantes restricciones y a la pobreza hídrica, pérdidas del 40% del agua resultan inquietantes. Los efectos del estrés hídrico en Ciudad de México son muy desiguales y especialmente graves en los barrios periurbanos de bajos ingresos.
Mientras que las zonas más ricas de la ciudad no parecen afectadas, los cortes de agua son cada vez más extremos en las zonas de la ciudad con altos grados de marginación social. En algunas comunidades, no es raro que los residentes pasen meses sin agua corriente, algo habitual incluso antes de que empezara la crisis actual.
Además, debido al acceso deficiente o a la inexistencia de infraestructuras, los residentes en zonas de renta baja deben recurrir a menudo a distintos medios para conseguir agua suficiente para sobrevivir: un grifo comunitario, un pozo, la compra de agua embotellada o el reparto a través de pipas de agua (camiones cisterna). La calidad del agua no suele ser óptima, la búsqueda diaria -a menudo asignada a las mujeres cabeza de familia- lleva mucho tiempo y es agotadora, y los costes son elevados. El reparto de agua en pipas es hasta 14 veces más caro que el servicio regular de agua de la red pública.
"La mala gestión del agua en la ciudad ha aumentado la carga sobre las mujeres que son cabeza de familia, reduciendo así sus recursos económicos y de tiempo para acceder a la igualdad de oportunidades laborales, educativas y sociales. Además, la falta de fiabilidad de los servicios de agua ha afectado de forma desproporcionada a comunidades históricamente marginadas, convirtiendo la crisis del agua en una cuestión social."
-Tamara Luengo, Aqueducto
El robo de agua también es un problema importante. Los ladrones pinchan los ductos y venden el agua a usuarios vulnerables a un precio exagerado. La práctica de robar agua para venderla ilegalmente, o "huachicoleo", es cada vez más rentable a medida que el sistema de suministro de la ciudad se vuelve menos fiable.
El actual sistema de concesiones parece dar un trato preferente a las empresas privadas, que utilizan miles de millones de litros de agua al año, a menudo superando impunemente lo permitido. A menudo se dispone de datos inexactos sobre el uso y el pago del agua y se sigue comercializando agua procedente de permisos de agua que no se cumplen.
Todo eso, mientras los mexicanos ricos siguen supuestamente llenando lagos artificiales con fines estéticos y los complejos turísticos de alto nivel usan el recurso a ritmos alarmantes.
Y no sólo sufren los habitantes de Ciudad de México. Las comunidades de las afueras de la ciudad que antes tenían abundantes lagos donde pescar y abastecerse de agua han visto desaparecer estos oasis. Hoy, en las orillas de sus lechos lacustres secos, se están instalando pozos para extraer agua subterránea y bombearla hasta la capital.
Lack of transparency
Otro de los principales problemas señalados tanto por residentes como por expertos es la falta de transparencia sobre la situación real del sistema Cutzamala.
A principios de 2024, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informar sobre la infraestructura hidráulica que actualmente conecta las presas del país con localidades, ciudades, municipios, estados o cualquier otro destino. La CONAGUA supuestamente no turnó la solicitud de información a todas sus unidades administrativas competentes, por lo que no puede haber certeza de que haya proporcionado toda la información disponible.
El INAI determinó que la CONAGUA no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y pone en entredicho la capacidad de la CONAGUA para vigilar la explotación de los recursos hídricos en todo el país. Dado que la propia CONAGUA se ha referido en reiteradas ocasiones a las complejidades y deficiencias de los recursos hídricos en todo el país, el INAI ha reafirmado que el acceso a esta información es aún más importante para conocer las posibles líneas de acción en caso de escasez.
"La información que se genera en torno al tema del agua es de suma relevancia en la toma de decisiones y también la generación de políticas públicas para garantizar el derecho humano que toda persona tiene para acceder a información relacionada con la disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, que debe ser suficiente, salubre, aceptable y asequible", advirtió el INAI a través de la comisionada Josefina Román Vergara.
También hay falta de transparencia sobre la calidad del agua en toda la ciudad, como ejemplifica el reciente caso de contaminación del agua en el distrito de Benito Juárez. A principios de abril, más de 400 personas denunciaron que el agua de sus casas. Tras un proceso de análisis de muestras de agua, el organismo operador de la Ciudad de México (SACMEX) determinó inicialmente que el agua era de buena calidad. Sin embargo, posteriormente recomendó a los residentes de la zona que no bebieran ni se bañaran con ella. No se facilitó información sobre la fuente de contaminación ni sobre los posibles riesgos para la salud.
Además, el 29 de abril SACMEX tomó la decisión de reservar por tres años los resultados de laboratorio sobre el agua contaminada para que estos no sean "interpretados erróneamente". Esto representa una clara violación al derecho humano de acceso a la información, reconocido en la propia constitución.
Politización ante la escasa rendición de cuentas
La crisis del agua en la ciudad ha llegado en un momento crucial: las elecciones generales mexicanas están previstas para el 2 de junio de 2024. Para los votantes, la crisis no puede ignorarse. En febrero, por primera vez, la escasez de agua superó a la seguridad como la principal preocupación de los habitantes de la Ciudad de México, y el porcentaje de votantes que señalaron este problema se triplicó con respecto a mayo pasado, según la empresa de investigación Aragón.
Para Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua (una Organización de la Sociedad Civil dedicada a convocar a diferentes actores en torno a los retos del agua en México), lo más grave es que el problema no se está reconociendo adecuadamente. "Dicen que para resolver un problema lo primero que hay que hacer es reconocerlo, y creemos nosotros que todavía las autoridades no ven en esto un grave problema", explicó a reporteros de CNN.
La falta de reconocimiento del problema y de las preocupaciones de los residentes por parte de las autoridades competentes y los responsables de la toma de decisiones está fomentando un entorno de escasa rendición de cuentas. En este contexto, la crisis está siendo politizada tanto por los gobernantes como por los opositores.
A pesar de que la CONAGUA pareciera incapaz de proporcionar documentación sobre la infraestructura hidráulica del país y las conexiones de las presas que permitan informar sobre posibles planes de acción, aseguró a BBC Mundo que una posible fecha del "Día Cero" del 26 de junio es una interpretación errónea de diferentes escenarios. En los últimos meses, CONAGUA ha declinado múltiples solicitudes de entrevista y no responde a preguntas específicas sobre la perspectiva de tal escenario.
Los dirigentes actuales también restan importancia al asunto. En la mañanera de AMLO del 14 de febrero el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se estaba trabajando para solucionar el problema del abasto del agua. No se aclararon los detalles de dichas obras. Por su parte, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, afirmó en una reciente rueda de prensa que las noticias sobre el día cero eran "fake news" (noticias falsas), difundidas por opositores políticos.
Por el contrario, la oposición está aprovechando la crisis para avivar los temores de los votantes sobre la seguridad del agua. A principios de 2024, la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, declaró en múltiples entrevistas que incluso en abril podría haber poca disponibilidad para bombear agua hacia el Valle de México. Esta predicción no se ha materializado. Enturbiando aún más las aguas, José Luis Luege, ex titular de CONAGUA, forma parte del equipo de campaña de Gálvez.
Por último, el ostracismo de los medios de comunicación está obstruyendo la transparencia y el escrutinio público. El 11 de abril, el presidente López Obrador se enfrentó a la periodista de Telemundo Vanessa Hauc por la escasez de agua en México. Hauc afirmó que los datos de CONAGUA advierten que tres de cada 10 hogares mexicanos no tienen acceso al agua, y citó información específica sobre el estado de Chiapas, donde las poblaciones vulnerables no tienen acceso al agua. Como respuesta, el presidente López Obrador acusó a los medios de comunicación de no ser objetivos ni profesionales.
Ante una situación potencialmente grave, la ausencia de rendición de cuentas por la disfunción histórica y continuada del sistema, así como la falta de información crítica sobre los recursos hídricos y las infraestructuras del país, han permitido a los políticos manipular la narrativa. A medida que se acercan las elecciones, la politización de la crisis del agua continúa, dejando a los residentes ante un futuro incierto.
Soluciones unilaterales?
Las soluciones a la crisis que se proponen actualmente están centradas en la construcción de mega infraestructuras para traer agua de zonas alejadas de la Ciudad de México. Algunas de estas zonas, como Tabasco o Chiapas (sugeridas por el presidente Obrador), se encuentran a casi 1.000 kilómetros de distancia. Además de quitar el agua a estas comunidades, esta solución es costosa, consume mucha energía y no resuelve el problema del agua que se desperdicia una vez que llega a la ciudad, ni las cuestiones relacionadas con la toma de decisiones en torno a la asignación del recurso.
En su página web, CONAGUA ha anunciado un proyecto de tres años destinado a mejorar la infraestructura hídrica atender el estrés relacionado con la reducción de abasto desde el sistema Cutzamala. El proyecto incluye la instalación de nuevos pozos y la puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua. Las mejoras físicas del sistema son ciertamente necesarias. Sin embargo, los planteamientos que se basan casi exclusivamente en soluciones tecnológicas siguen ignorando las formas en que la mala gobernanza y la corrupción contribuyen al problema y obstaculizan el desarrollo de infraestructuras adecuadas y eficaces en primer lugar.
Además, expertos indican que, aunque la ciudad dispusiera de los fondos necesarios -que no los tiene- las grandes obras necesarias para una rápida revisión de las infraestructuras son inviables en una ciudad con una población tan grande y tantos desplazamientos diarios.
En la prensa mexicana y en vísperas de las elecciones de junio, prosiguen debates sobre la conveniencia de implicar más al sector privado en la búsqueda de soluciones. El opositor Santiago Taboada, por ejemplo, ha propuesto modelos público-privados (APP), alegando la falta de dinero público suficiente para solucionar la crisis. Una solución de este tipo también debe examinarse a la luz de los riesgos de integridad específicos y subyacentes que pueden poner en peligro su eficacia y afectar al servicio para los más necesitados.
Los riesgos de integridad relacionados con APP pueden incluir conflictos de intereses, flexibilidad incorporada a los contratos a largo plazo que puede crear espacio para una escasa rendición de cuentas, una mayor probabilidad de soborno y colusión debido al valor a menudo muy elevado de los contratos, y retos para la supervisión y la regulación provocados por la limitada transparencia de las complejas estructuras financieras. Las APP tampoco son inmunes a la cuestionable dinámica de las campañas electorales, en las que las empresas pueden trabajar para financiar las campañas de sus partidarios a cambio de políticas favorables.
¿Entonces qué se puede hacer para la integridad?
Aumentar la transparencia
Independientemente de los próximos resultados electorales, los gobernantes deben dar prioridad a la transparencia, garantizando que todo el mundo tenga acceso sin obstáculos a la información sobre el uso del agua (especialmente el de las empresas privadas), la disponibilidad, los niveles de las presas, los recursos hídricos subterráneos, los niveles de servicio en las zonas desatendidas, la calidad del agua, los presupuestos de los servicios públicos, las capacidades financieras y los esfuerzos para reducir el agua no facturada.
La transparencia también va de la mano de la rendición de cuentas, apoyada por organizaciones de la sociedad civil e instituciones de supervisión como el INAI e InfoCDMX. Estas organizaciones enfrentan actualmente amenazas de reducción o eliminación por parte del gobierno. Su preservación y fortalecimiento deben ser prioritarios. Además, los medios de comunicación deben ser protegidos y apoyados para que puedan desempeñar su papel en la difusión de información y la rendición de cuentas de los políticos.Increase transparency
Centrarse en la equidad de la asignación
Los dirigentes deben colaborar más eficazmente con las comunidades y la sociedad civil para abordar la igualdad de acceso y las soluciones locales a los problemas del agua. Muchas comunidades de bajos ingresos llevan mucho tiempo viviendo en condiciones de día cero y siguen sintiéndose excluidas de la toma de decisiones. Es esencial reforzar los Consejos de Cuenca, un mecanismo que incorpora la participación ciudadana en las decisiones sobre los recursos hídricos, y publicar información sobre sus actividades y resultados.
Además, es crucial reforzar el derecho humano al agua en los marcos jurídicos, por ejemplo, mediante la reglamentación del agua como bien común nacional, donde las decisiones sobre su uso deben provenir de toda la población de México.
Modificar las concesiones y aplicar mecanismos anticorrupción en su ejecución
El actual sistema de concesiones de agua se traduce en una profunda falta de información sobre cuánta agua extraen las empresas privadas y con qué fines, en la incapacidad del gobierno para recaudar pagos o controlar cómo se explotan los recursos hídricos, y en la desigualdad en la distribución. Como también ha informado Al Jazeera, la normativa existente en materia de agua se aplica de forma deficiente y a menudo se elude mediante la corrupción.
Sin embargo, aunque el control efectivo de las concesiones debe mejorarse considerablemente, el propio sistema debe revisarse, probablemente mediante una nueva Ley General de Aguas. Esta ley debería dar prioridad a los derechos humanos de agua y saneamiento, a las personas frente a los beneficios, restringiendo las concesiones de agua en zonas con escasez o sequía y dando prioridad al uso personal y doméstico del agua. Una nueva ley también debería incluir sólidos instrumentos anticorrupción que mitiguen problemas como la falsificación de documentos en la obtención de concesiones.
Abordar el riesgo en las primeras fases de los procesos de decisión y planificación
Es probable que la mejora de las infraestructuras y las soluciones técnicas sigan siendo una prioridad. Por lo tanto, es crucial reforzar los procesos de toma de decisiones, presupuestación y planificación en las primeras fases, para que se construyan las infraestructuras adecuadas, donde más se necesitan y con un alto nivel de calidad. Estos pasos son vitales para mitigar diversos riesgos para la integridad, como los conflictos de intereses o el uso indebido de fondos públicos. Organizaciones como WIN y CoST (Iniciativa para la Transparencia de las Infraestructuras) han desarrollado herramientas para ayudar en estos procesos.
Cambiar las normas, hacer de la integridad la expectativa y la prioridad
Promover y valorar la integridad para cambiar las normas sociales y la cultura organizativa puede suponer un gran avance. Aceptar o esperar que la corrupción sea la norma ya no debería ser una opción. Por ejemplo, como se destaca en el próximo Water Integrity Global Outlook en Finanzas, cuando a los participantes en México se les presentó información que mostraba que la mayoría de las personas se oponían a la corrupción, ellos sintieron un aumento de la confianza en las opiniones de los demás. Esta información también les hizo más propensos a rechazar la idea de que la corrupción era una parte inherente de la cultura mexicana y disminuyó la probabilidad de pagar un soborno. Estos hallazgos son de enorme importancia, ya que implican que el mensaje correcto puede afectar significativamente la participación en actividades corruptas.
Un liderazgo fuerte y ético es, por supuesto, crucial para garantizar que no haya razones ni racionalizaciones fáciles para la corrupción. Las próximas elecciones mexicanas presentan una oportunidad oportuna para que los líderes de la ciudad y del país estén a la altura de las circunstancias.